Ante la persistente situación de violencia que pone en riesgo la vida de las mujeres en la entidad, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Joceline Vega Vargas, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para imponer sanciones más severas a los agresores que incumplan con las órdenes de restricción emitidas por las autoridades para proteger la integridad de las mujeres.
La propuesta plantea una modificación al Artículo 278 del Código Penal del Estado para aumentar en dos terceras partes las penas y establecer una multa de entre 200 y mil días de salario cuando la desobediencia se dé frente a una orden de protección dictada por una autoridad judicial o ministerial en favor de una mujer.
Según las estadísticas presentadas por la diputada, el 35% de las mujeres que solicitan una orden de protección son víctimas de reincidencia en agresiones, mientras que el 60% de los feminicidios fueron precedidos por actos de violencia.
La legisladora acusó que estos datos evidencian la relación directa entre la violencia de género y la falta de una respuesta legal más contundente, lo que permite que los agresores desafíen las órdenes judiciales sin consecuencias graves. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido las órdenes de protección como una herramienta fundamental para la prevención de feminicidios, Vega Vargas destacó que su efectividad se ve comprometida cuando los agresores las ignoran sin enfrentar sanciones severas, por ello, consideró urgente una respuesta legislativa para fortalecer la protección de las mujeres.
