En el marco de la difusión de perfiles y propuestas de cara a las elecciones del 1 de junio, varios candidatos al Poder Judicial del Estado han denunciado que la falta de apoyo institucional y recursos para llevar a cabo sus campañas, los ha llevado a recurrir a créditos, realizar actividades proselitistas fuera de su horario laboral e incluso cubrir de su propio bolsillo los viáticos para trasladarse a otros municipios y promocionar sus iniciativas.
A través de un sondeo realizado con aspirantes al Poder Legislativo, Plataforma Informativa recibió información sobre las diversas limitaciones que han enfrentado, principalmente en términos económicos y en la difusión de sus propuestas. Al ser cerca de 900 candidatos, la mayoría ha tenido que recurrir a las redes sociales para promocionar su nombre, lo que representa un gran desafío al intentar destacarse entre la gran cantidad de mensajes y publicaciones que saturan constantemente a la ciudadanía.
En ese sentido, los aspirantes a cargos estatales señalaron las dificultades que han tenido para movilizarse a distintos municipios y hacer campaña, ya que, al tener que cumplir con horarios laborales y planificar cuidadosamente el uso de sus recursos, se ha generado un desconocimiento de sus propuestas en muchas comunidades, especialmente en las más alejadas o con menor acceso a medios digitales.
En este trabajo participaron la candidata a jueza familiar del Distrito Bravos, Aide Vázquez González; el candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Álvaro Nájera Ramos; y la aspirante a magistrada penal del Estado, Rocío González Lara.Asimismo, participaron el candidato a juez de distrito en materia penal, Javier Mena Quintana; el aspirante a juez de primera instancia, Alberto Arroyo; y el candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Alberto Beltrán.
