Académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), junto con miembros de la Asociación de Periodismo en Ciudad Juárez (APCJ), se reunieron para discutir las posibles desventajas de la iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que destacan aspectos que podrían generar un impacto negativo en la libertad de expresión y en la regulación de los medios.
Los cambios más destacados de la reforma incluyen la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el organismo autónomo que hasta ahora se encargaba de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva dependencia que estará bajo la administración directa del Gobierno Federal, así como la imposición de sanciones a la transmisión de propaganda extranjera y el otorgamiento de nuevas facultades que podrían dar paso a una mayor censura.
El académico de la UACJ, Óscar Altamirano, expresó que, aunque la reforma busca controlar la propagación de propaganda extranjera y proteger la dignidad humana, considera que es una medida regresiva porque limita los derechos fundamentales relacionados con la libertad de información, permitiendo también el cierre de medios de comunicación bajo el pretexto de un control gubernamental más centralizado al pasar de un organismo autónomo a una agencia vinculada directamente al poder.
El integrante de la APCJ, Carlos Omar Barranco, señaló que sancionar a los medios por sus contenidos es una estrategia común en gobiernos autoritarios que buscan callar a las voces críticas en vez de atender las causas reales de la violencia en el país. En su opinión, esta práctica no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que también refuerza el control sobre la información, limitando la diversidad de opiniones que deberían estar presentes en una sociedad democrática.
El artículo 109 de la reforma ha generado gran controversia al otorgar al gobierno la facultad de suspender transmisiones, noticieros y concesiones si no se ajustan a los lineamientos establecidos, lo que pone en peligro la pluralidad informativa y la libertad de expresión, principios fundamentales de cualquier democracia.
Los críticos señalan que esta medida puede llevar a un control excesivo sobre los medios de comunicación, restringiendo la circulación de diversas perspectivas y limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a información variada.Por su parte, el académico Raúl Flores Simental señaló que esta reforma se suma a otras acciones controvertidas impulsadas por la Cuarta Transformación, como la sobrerrepresentación de los diputados de Morena y sus aliados, la reforma al poder judicial y la propuesta para regular los medios digitales, lo que, según su visión, refleja una clara intención del gobierno de controlar la información para favorecer sus propios intereses y limitar la libertad de expresión.
El colaborador de Plataforma Informativa Juárez, Carlos Murillo, subrayó que, aunque los gobiernos y diputados afirman actuar en beneficio de la ciudadanía, su enfoque centralizado y la falta de apertura hacia opiniones contrarias han generado un ambiente de desconfianza. Este aislamiento de las voces críticas, mediante la estigmatización y persecución de los opositores, está alimentando una creciente desconfianza en las acciones y decisiones tomadas por el régimen de la 4T.
