Constandse Cortez evita ofrecer una respuesta contundente.
Después de que la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) estuvieran en el centro de la polémica durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, debido a las denuncias de acoso y hostigamiento sexual contra el personal docente y administrativo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que, desde entonces, no se ha registrado ninguna denuncia formal relacionada con estos casos.
La visitadora de la CEDH en Juárez, Zulay Abbud Esparza, mencionó que, a pesar de que el sector educativo presenta un alto número de denuncias de estudiantes por diferentes inconformidades, en el caso de la UACH y la UACJ no se ha levantado ninguna acta formal ni se ha solicitado la intervención del departamento de Capacitación, Promoción y Difusión, lo que refleja un temor entre las víctimas de denunciar formalmente, quizás por miedo a represalias o falta de confianza en los mecanismos institucionales.
En cuanto a la defensa de la soberanía universitaria, Abbud Esparza afirmó que, si bien las universidades tienen el derecho de mantener su autonomía frente a influencias externas, esta postura resulta equivocada, pues al estar financiadas en gran parte por el Estado, tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad, lo que les impide reclamar una independencia total que las exima de ser transparentes.
Por su parte, el rector de la UACJ, Daniel Constandse Cortez, prefirió no dar una respuesta clara o contundente respecto a las denuncias contra la universidad, limitándose a señalar que todos los casos que se han presentado este año han sido atendidos por la Unidad de Género, que ha dado seguimiento tanto a los estudiantes como al personal docente y administrativo involucrado.
Los representantes de ambas universidades han adoptado una postura reservada tanto en sus declaraciones como en sus acciones frente a las acusaciones. Un claro ejemplo de esta actitud ocurrió en abril, cuando decidieron cancelar la comparecencia ante el Congreso del Estado de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UACH y la Unidad de Género de la UACJ, alegando que su intención era proteger la autonomía universitaria y que, según su juicio, entregar un informe digital cumplía con las solicitudes de las diputadas.
