En respuesta a diversos casos de abuso de autoridad, hostigamiento laboral y acoso institucional que se han presentado en su entorno, personal en activo y exintegrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) en la Zona Norte, acudieron recientemente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para interponer una denuncia formal y una queja respectivamente, con la finalidad de que se investiguen las irregularidades dentro del organismo.
A través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación, las personas denunciantes señalaron que desde la designación de Gabriela Juárez como Coordinadora Regional en noviembre de 2023 se generó un ambiente hostil dentro de la Comisión, donde comenzaron a registrarse conductas como maltrato laboral, amenazas, actos de discriminación, así como la emisión de órdenes que contradicen principios éticos, alteración de cifras institucionales, uso indebido de recursos públicos y un trato privilegiado a ciertas personas del equipo.
También expusieron que mediante distintos medios de prueba como testimonios, mensajes institucionales, registros escritos y material audiovisual se ha documentado una serie de prácticas que han afectado la operatividad de la institución, entre las que destacan la cancelación injustificada de contratos, el cierre de áreas fundamentales para la atención de víctimas, actos de nepotismo y el uso inadecuado de vehículos oficiales que ha puesto en riesgo la integridad física del personal.
Ante este panorama, quienes presentaron la denuncia solicitaron que se intervenga de manera ética y conforme a los principios institucionales para garantizar no solo el bienestar físico y mental de las personas trabajadoras sino también para erradicar cualquier forma de prejuicio o indiferencia ante lo expuesto, ya que estas condiciones no solo vulneran derechos laborales sino que debilitan la misión fundamental de la Comisión y afectan directamente a las víctimas que dependen de sus servicios.
