La reforma y la elección judicial son ilegítimas, como lo fue la captura del Congreso de la Unión con la sobrerrepresentación. Hoy no hay duda de que, en México, el régimen autoritario ha vuelto.
La película Ha vuelto (Er ist wieder da ) es una sátira narrativa de ficción estrenada en 2015 y dirigida por David Wnendt. muestra cómo el autoritarismo puede regresar disfrazado de entretenimiento y carisma, sin resistencia social. En México ocurre algo similar: el autoritarismo vuelve con votos, aplausos y un discurso que banaliza la democracia, mientras concentra el poder de manera ilegitima. Como en la película, lo peligroso no es solo el regreso, sino quienes lo aplauden creyendo que tienen el control.
La legitimidad es un puente invisible que conecta el poder con la confianza, una arquitectura simbólica que sostiene el edificio de la democracia. No basta con el mandato formal de una elección; el poder necesita también una raíz moral, un endoso claro de la comunidad política. La legitimidad no es solo el acto de elegir, sino el reconocimiento de que ese acto fue justo, transparente y compartido. La legitimidad, entonces, no se impone: se construye.
La elección judicial de 2025, destinada a seleccionar a quienes integrarán el Poder Judicial, ha sido un laboratorio de ilegitimidad. La arquitectura que la sostuvo nació defectuosa, como una casa levantada sin cimientos. Su origen no estuvo en un consenso deliberativo ni en un diagnóstico público maduro. Fue impuesta, rápida, sin pedagogía, sin escucha. Las reglas del juego fueron escritas por una sola voz y, cuando el juego comenzó, la cancha ya estaba inclinada.
La legitimidad es también una cuestión de reglas reconocidas. No es suficiente seguir un procedimiento; ese procedimiento debe ser aceptado por la comunidad política como justo. En el caso de la reforma al Poder Judicial y de esta elección, la comunidad no estuvo ni convocada ni convencida. Apenas el 13 % del padrón acudió a votar; cerca del 23 % de los votos fueron anulados. La imagen no es solo estadística, es simbólica: el pueblo no habló o, peor, decidió callar.
La legitimidad es gobernar democráticamente
Pero la legitimidad no se agota en el origen; se renueva en el ejercicio. Aun si el proceso hubiese sido impecable, la legitimidad también dependería del desempeño. Si quienes fueron electos no demuestran independencia, conocimiento, integridad y compromiso con el interés público, su investidura no será más que un disfraz institucional. En la historia de las democracias modernas hemos aprendido que no hay legalidad que compense la ilegitimidad.
La reforma judicial que dio paso a esta elección nació sin respaldo ciudadano. Se presentó como una cruzada contra la corrupción, pero fue una cruzada sin cruzados: nadie salió a defenderla con argumentos, con cifras, con pedagogía. Fue un acto de imposición, no de convencimiento. Y en democracia, toda imposición es una herida abierta. La nueva SCJN, que debería ser árbitro y garante, se ve hoy atrapada en un dilema existencial: ejercer una autoridad que la sociedad no le reconoció.
La elección misma careció de integridad. Las boletas eran confusas, los criterios de nulidad opacos, la campaña inexistente. El INE, por mayoría, declaró válida la cuestionada elección y trató de ocultar los votos nulos. Pero cuando se necesita aclarar el sentido de un voto es porque el sistema fracasó en ofrecer claridad. La elección judicial no fue un ejercicio de participación, sino un rito burocrático sin alma.
LAS COSAS COMO SON
Roberto Heycher Cardiel
