Ante la nueva agenda legislativa impulsada por Morena, que incluye una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la tipificación del ciberasedio como delito en Puebla, la asociación civil Foro de Periodistas de Chihuahua, junto con comunicadores y colectivos dedicados a la defensa de la libertad de expresión, se manifestó en las instalaciones del Senado de la República en la Ciudad de México para expresar su rechazo y exigir ser escuchados.
El integrante del foro de periodistas, Nicolás Juárez Caraveo, cuestionó el actuar de los senadores de todas las bancadas por cerrarles las puertas del Senado y negarles la posibilidad de participar en el debate público, señalando que esta exclusión constituye un agravio a la libertad de expresión, así como reflejar la falta de voluntad política para dialogar con quienes ejercen el periodismo en distintos puntos del país, muchos de los cuales enfrentan condiciones adversas y escenarios de violencia que hacen aún más urgente la inclusión de sus voces en cualquier reforma que pueda afectar su labor.
Juárez Caraveo subrayó que, a pesar de que las modificaciones propuestas modificarían de forma directa el entorno en que se desempeñan tanto quienes trabajan en medios tradicionales como en plataformas emergentes, ningún periodista fue convocado ni invitado a los conversatorios sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones, lo cual resulta todavía más alarmante si se considera que el gremio periodístico es uno de los sectores más directamente involucrados en esta discusión, por lo que su ausencia no solo limita el alcance democrático del proceso legislativo sino que también revela una postura centralista que ignora las condiciones locales y la diversidad de experiencias que atraviesan quienes informan.
Añadió que en lugar de seguir reproduciendo la lógica oficialista que ataca y desacredita a quienes ejercen el periodismo con un enfoque crítico o desde visiones distintas, tanto diputados como senadores tendrían que legislar para garantizar condiciones reales que permitan un ejercicio libre y seguro, lo que implica reforzar los mecanismos de protección, impulsar una mayor transparencia institucional y asegurar que cualquier normativa relacionada con el entorno digital se construya desde una perspectiva que respete los derechos fundamentales y no desde marcos legales que puedan ser usados para vigilar, censurar o criminalizar a quienes hacen de la información una herramienta de contrapeso.
