Durante la reunión de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Ganadería en el Congreso del Estado, los diputados locales y representantes de instituciones públicas analizaron la iniciativa que contempla imponer penas de hasta ocho años de prisión a quienes introduzcan al territorio ganado infectado, ya que se busca fortalecer el marco jurídico ante los recientes brotes de gusano barrenador que han generado restricciones en la frontera y han puesto en riesgo tanto el estatus zoosanitario de Chihuahua como las actividades productivas vinculadas a la ganadería.
Durante la mesa interinstitucional, el secretario técnico de las Comisiones Unidas, René Hermosillo Porras, apuntó que mediante las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Ganadería se busca fortalecer y preservar el estatus zoosanitario en Chihuahua, por medio de multas de hasta diez mil unidades de medida y actualización (UMAs) que equivalen a un millón 100 mil pesos, con lo cual se pretende sancionar con mayor firmeza las prácticas que representen un riesgo para la sanidad animal, la producción pecuaria y la salud pública.
El secretario Hermosillo Porras explicó que esta medida está dirigida a quienes introducen, importan, transportan, comercializan, distribuyen o disponen de cualquier forma de ganado o animales susceptibles a enfermedades transmisibles, zoonóticas o bajo control sanitario obligatorio, siempre que lo hagan con conocimiento de causa o cuando por las condiciones en que se desarrollan los hechos debieron prever la posibilidad de que dichos animales estuvieran infectados, ya que este tipo de conductas representan un riesgo directo para la sanidad pecuaria y para la salud pública en general.
