Acompañada por autoridades de los tres niveles de gobierno y funcionarios del gabinete estatal, la gobernadora María Eugenia Campos Galván firmó la iniciativa conocida como Proyecto Beatriz, una propuesta que plantea incluir en la legislación estatal la figura del indulto desde una perspectiva humanitaria, permitiendo cancelar o reducir condenas a mujeres en situación de vulnerabilidad que enfrentan sentencias por delitos menores.
Este proyecto, que será analizado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Chihuahua, toma como punto de partida el caso de Beatriz, una mujer originaria de Guachochi, quien fue sentenciada tras un hecho en el que actuó para proteger su integridad frente a una agresión ejercida por su primo que se encontraba en condiciones alteradas. Sin embargo, las circunstancias no fueron debidamente valoradas durante el proceso judicial y tampoco se garantizó su derecho a una defensa adecuada ni a ser escuchada en su lengua materna.
La propuesta contempla que la solicitud del indulto pueda ser presentada por la persona sentenciada, su familia o defensa legal y deberá ser dirigida a la Secretaría General de Gobierno, instancia que canalizará el caso a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial para su análisis, con la intención de revisar cada expediente a fondo y valorar si existen elementos suficientes para aplicar esta medida.
El Proyecto Beatriz plantea revisar los casos no solo desde una perspectiva legal, sino también tomando en cuenta el entorno social de la persona privada de la libertad, su trayectoria dentro del penal y las condiciones bajo las cuales fue juzgada, por lo que se trata de una medida que busca corregir situaciones de injusticia cuando se han agotado otras vías institucionales y legales, pero persiste una deuda del sistema hacia personas pertenecientes a sectores en desventaja.
Durante la firma de la iniciativa, la mandataria estatal reconoció que muchas personas privadas de la libertad no tuvieron una defensa adecuada ni acceso pleno a sus derechos, por lo que es necesario avanzar hacia un modelo de justicia más equitativo y sensible, capaz de corregir sus propias fallas y de ofrecer una salida legal cuando las condiciones de los procesos fueron marcadamente injustas.
