A casi un año del fallecimiento de Javier González Mocken, ocurrido el 06 de agosto de 2024, la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) permanece vacante y atrapada por la falta de voluntad política dentro del Congreso de Chihuahua, donde, pese a múltiples sesiones, votaciones y reuniones entre fracciones parlamentarias, no se ha logrado construir un acuerdo que permita nombrar a una persona con verdadera legitimidad al frente de un organismo clave para la defensa de los derechos fundamentales en la entidad, lo que ha generado un vacío institucional que afecta directamente a la sociedad civil organizada.
En las sesiones que tuvo la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se aprobó una metodología para evaluar a los aspirantes al cargo y más tarde se presentó una primera terna que, según lo dispuesto por la Secretaría Técnica del organismo, sería enviada al pleno para su votación y estaba integrada por Georgina Alejandra Bujanda, Yuliana Rodríguez González y Gildardo Iván Félix. Sin embargo, el rechazo de Morena a esa propuesta expuso una vez más las fisuras internas en el Congreso, ya que el coordinador Cuauhtémoc Estrada Sotelo advirtió que se ignoraron las propuestas de la sociedad civil y que los perfiles seleccionados no respondían a los criterios marcados en la convocatoria.
Los intentos por avanzar se han topado con la falta de consenso y con maniobras desde el oficialismo para imponer perfiles como el de Georgina Bujanda Ríos, quien a pesar de haber obtenido 21 votos a favor no logró reunir la mayoría calificada debido a los 12 votos nulos y al rechazo del Grupo Parlamentario de Morena, cuya postura impidió que se consumara una designación cuestionada por su militancia panista y por la falta de trayectoria sólida en temas de derechos fundamentales.
Durante esa misma jornada, colectivos ciudadanos acudieron al Congreso como público para presenciar la votación y manifestar su inconformidad por la forma en que se desarrollaba el proceso, no obstante, al mostrar su descontento de manera abierta, fueron retirados del recinto por personal de resguardo, lo que no solo incrementó la tensión dentro del espacio legislativo, sino que dejó clara la distancia entre los partidos que controlan la agenda parlamentaria y las organizaciones defensoras de derechos humanos que exigen un proceso abierto, transparente y centrado en perfiles con legitimidad social.
Ante la conformación de la segunda terna con los candidatos Gerardo Macías, Yuliana Rodríguez y Vianey Bustillos, Morena volvió a denunciar la exclusión de propuestas ciudadanas y se opuso de nuevo a la selección impulsada por Acción Nacional y sus aliados, lo que llevó a una nueva sesión marcada por la falta de acuerdos y el incremento de los votos nulos, cerca de 25, que terminaron por reflejar el rechazo generalizado de varias bancadas a respaldar los perfiles presentados, situación que obligó a la presidenta del Congreso, Elizabet Guzmán Argueta, a devolver el proceso a la Coordinación Política, donde nuevamente deberá integrarse una nueva terna.
Mientras el Congreso posterga la decisión y se acumulan las tensiones entre bancadas, la Comisión de los Derechos Humanos continúa sin titular, sin rumbo y sin la capacidad institucional que demanda un organismo cuya existencia misma responde al compromiso de proteger a quienes menos tienen y más necesitan de un Estado vigilante y garante de sus derechos, por lo que mantener la vacante representa no solo una falla administrativa, sino una omisión política grave que revela cómo la voluntad del oficialismo ha preferido prolongar el vacío antes que construir una solución de fondo.
