Alejandro Carrasco, encargado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), advirtió sobre la grave situación de violencia que se vive en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde niñas, niños y adolescentes están siendo reclutados a la fuerza por grupos del crimen organizado.
Carrasco señaló que la Comisión tenía una oficina permanente en el municipio, pero ante la complejidad del acceso y la inseguridad, actualmente solo se realizan visitas cada quince días, en coordinación con autoridades locales. “Es muy difícil llegar. Estamos hablando de entre 15 y 16 horas de camino, dependiendo si llueve. Es una locura. Y eso lo aprovechan los grupos criminales para actuar con impunidad”, dijo.
En este contexto, alertó que el reclutamiento forzado de menores se ha intensificado. “Se están aprovechando de niñas, niños y adolescentes. Los están obligando a entrar en sus grupos delictivos. Es gravísimo”, denunció. Sin embargo, subrayó que muchos de estos casos no llegan a convertirse en quejas formales ante la CEDH, ya que las familias afectadas prefieren huir y no establecer contacto con las autoridades por miedo a represalias.
“Nos preguntan cuántas quejas tenemos por estos casos, y la verdad es que no hay. No porque no existan, sino porque las víctimas huyen. No quieren saber nada. Solo quieren escapar con la esperanza de algún día regresar a sus comunidades”, explicó Carrasco.
El funcionario indicó que el personal de la CEDH ha buscado especializarse en la atención de personas desplazadas por la violencia, particularmente en la región serrana. “Estamos capacitando a personal en temas de desplazamiento forzado, en cómo tratar a niñas y niños que incluso a veces no hablan español”, mencionó. También participan otras instituciones como la Fiscalía, la Policía Estatal y el sistema de atención a víctimas.
Precisamente, Carrasco sostuvo una reunión reciente con personal de la Fiscalía General del Estado para coordinar acciones conjuntas en las zonas más afectadas por el crimen organizado. “Es importante estar en comunicación permanente. Nadie puede enfrentar esto solo. Se trata de una situación extremadamente delicada que requiere la actuación coordinada de todas las instituciones”, afirmó.
Además, informó que el problema ya no se limita solo a la zona sur del estado, como Guadalupe y Calvo, en Baborigame, sino que ha comenzado a replicarse en municipios del noroeste como Madera, donde también se han detectado indicios de desplazamiento forzado.
“Muchas veces ya no hablamos solo de violaciones a derechos humanos, sino de delitos. Y la Comisión acude y acompaña, pero nos enfrentamos a cifras negras. Es difícil saber con certeza cuántos menores están en esa situación”, lamentó Carrasco.
