Informe reciente del INEGI revela que entre 2022 y 2024, 31 de las 32 entidades federativas del país lograron reducir la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. La única excepción fue el estado de Chihuahua, donde la proporción de personas con esta carencia aumentó a cerca del 10 por ciento , lo que equivale a 385 mil 900 habitantes.
La diputada de Morena, Rosana Díaz, calificó esta situación como “reprobable” y señaló que refleja una estrategia débil en materia de desarrollo social por parte de la administración estatal. Asimismo, enfatizó que el Estado tiene la obligación de asegurar que ningún chihuahuense padezca carencia alimentaria y urgió a la autoridad encargada a revisar y replantear sus objetivos y acciones para atender este rezago.Díaz también destacó que la medición multidimensional de pobreza del INEGI es una herramienta fundamental, pues permite evaluar no solo el ingreso sino también el acceso a derechos como la alimentación, salud o educación, y sirve para orientar y dar seguimiento a políticas públicas efectivas. Insistió en que garantizar plenamente estos derechos sociales es un deber ineludible del Estado hacia la población.
