El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que se encuentra analizando la posibilidad de interponer una denuncia por peculado en contra de César Komaba y Ulises Pacheco, funcionarios estatales que —además de ocupar cargos públicos— se desempeñan como dirigentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua y Juárez, respectivamente.
La decisión surge luego de que ambos acompañaran el pasado lunes al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, donde entregó un oficio dirigido al alcalde y al Cabildo para invitarlos a conocer los avances del proyecto de la Torre Centinela.
Pérez Cuéllar calificó como delicado el hecho de que servidores públicos con cargos políticos activos participen en actos de carácter partidista durante horario laboral, ya que ello podría implicar un uso indebido de recursos y tiempo de servicio, lo que se configura dentro de los supuestos del delito de peculado, contemplado en el Código Penal del Estado de Chihuahua.
El alcalde indicó que el área jurídica del Municipio y la Secretaría del Ayuntamiento están revisando los elementos legales para determinar si existen fundamentos para proceder formalmente. Subrayó que su administración mantendrá una postura firme ante cualquier acción que involucre conflicto de interés, uso político de funciones públicas o aprovechamiento de recursos del Estado para fines partidistas.
El caso ha generado reacciones en el ámbito político local, debido a que los señalados forman parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mientras que simultáneamente encabezan comités municipales del PAN, situación que podría contravenir principios de imparcialidad establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En este contexto, Pérez Cuéllar reiteró que la actuación de los funcionarios estatales será revisada con apego a derecho, y que de confirmarse el uso de su investidura pública para fines partidistas, el Municipio procederá conforme a la ley, enviando así un mensaje de cero tolerancia a la politización de los cargos públicos.
