En el proceso de análisis para la reforma a la Ley General de Aguas, el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento Mario Mata Carrasco informó que, esta iniciativa es positiva en gran parte, pero no se garantiza certeza jurídica a los productores agrícolas.
Explicó que, esta ley quita el derecho a la propiedad de la concesión, no del agua; y el cambio que piden, es que se haga la diferencia entre el concepto de público urbano, que en la norma se establece como el derecho humano al agua, lo cual no es lo mismo.
Mencionó que, en general la ley está completa y define a los tres órdenes de gobierno, cómo deben interactuar para asegurar ese derecho humano al agua, sin embargo, la federación aprovechó para meter mucha carga ideológica, para eliminar la certeza de los inversionistas, lo cual es perjudicial para la economía.
Indicó que, bajo esos lineamientos, nadie va a querer invertir cuando no se tiene la certeza de poder heredar, vender o disponer de ella cuando lo necesite; ya que, cuando se vende la tierra, se devolverá la concesión a un Banco de Agua y será la CONAGUA la que decida qué hacer con ella.
Agregó que actualmente hay ofrecimiento de parte de CONAGUA de que esas tres cosas pueden cambiar, pero no está reflejado en la ley y mientras eso no suceda, entonces no se garantiza el combate a la ilegalidad, la falta de gobernanza y de gobernabilidad; porque si aumentan mucho las multas para las extracciones ilegales.
