El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Gilberto Loya confirmó que la mayoría de los secuestros registrados en esta frontera tienen como víctimas a personas en condición de movilidad —migrantes nacionales y extranjeros—, una población que permanece expuesta a grupos criminales que operan en los corredores de tráfico irregular. En varios de estos casos, la violencia extrema incluye la privación de la vida.
Loya, informó que el reciente rescate de una mujer ecuatoriana permitió evidenciar nuevamente el patrón: redes dedicadas a la explotación de migrantes, responsables de múltiples privaciones de la libertad. En la intervención se utilizaron drones, agentes encubiertos y herramientas de la Plataforma Centinela para localizar la vivienda donde permanecían retenidas varias personas.
El caso reavivó cuestionamientos sobre impunidad, un tema que el funcionario abordó al destacar que su medición es compleja debido a la naturaleza y tiempos de los procesos judiciales. Sin embargo, sostuvo que la reducción reciente en los homicidios dolosos está vinculada a detenciones estratégicas que golpean directamente a células generadoras de violencia.
Como ejemplo, señaló la operación del 3 de octubre, cuando agentes estatales arrestaron a un grupo de presuntos sicarios relacionados con al menos diez asesinatos. Estos golpes, afirmó, expliquen parcialmente el descenso en los crímenes de alto impacto.
La situación expone un panorama crítico. Migrantes que cruzan por Ciudad Juárez —muchos sin redes de apoyo, documentos o recursos— se convierten en blanco fácil de organizaciones criminales transnacionales y locales. Entre ellas, destacan estructuras vinculadas al Tren de Aragua y células regionales que se benefician del tráfico de personas, el secuestro y el cobro de rescates.




