Las familias afectadas por las irregularidades en el manejo de cuerpos por parte de funerarias y autoridades estatales denunciaron que la Fiscalía continúa negándoles el derecho a presentar denuncias formales, lo que las ha obligado a recurrir al amparo federal. Señalaron que, conforme al protocolo de cadena de custodia, la Fiscalía debe entregar las cenizas a los laboratorios que las propias familias elijan, pero este procedimiento ha sido rechazado en la mayoría de los casos. Solo una de las solicitudes ha avanzado, mientras que las demás han sido desechadas sin explicación, motivo por el cual ahora intervienen instancias federales.
En su posicionamiento, las familias demandaron que el Estado de Chihuahua las reconozca oficialmente como víctimas indirectas y que se garantice la identificación plena y entrega digna de los cuerpos. Advirtieron que el último reporte oficial se registró el 4 de noviembre, por lo que exigen información actualizada y transparente. También pidieron la habilitación de mecanismos accesibles y seguros para interponer denuncias, ya que la negativa de la Fiscalía ha constituido un obstáculo sistemático para acceder a la justicia.
Además, urgieron el cese de prácticas indebidas por parte de las dependencias y funerarias involucradas, al denunciar que algunas solicitaron información personal de usuarios que presentaron quejas ante PROFECO. Señalaron que pese a 86 denuncias interpuestas, no existe una sola carpeta de investigación abierta, lo que evidencia un patrón de impunidad. Las familias exigieron la instalación formal de mesas de trabajo colectivas, claridad sobre el número de cuerpos entregados a crematorios y un pronunciamiento transparente de SEMEFO, así como la continuidad de las pruebas genéticas.
