El Congreso del Estado de Chihuahua lanzó un llamado formal a los 67 municipios para que inicien una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la recién aprobada Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
La propuesta fue presentada por el diputado priista Roberto Arturo Medina Aguirre, quien afirmó que la normativa federal vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afecta la autonomía municipal en la gestión del agua.
De acuerdo con la exposición del legislador, el principal argumento de inconstitucionalidad radica en la omisión de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, obligación establecida en el Artículo 2º de la Constitución Mexicana y en el Convenio 169 de la OIT.
Medina Aguirre sostuvo que esta falta de consulta representa una violación directa a los derechos colectivos de los pueblos Rarámuri, Pima, Guarojío y Tepehuano, quienes históricamente han administrado el recurso hídrico conforme a sus usos y costumbres.
Recordó también que la SCJN ha reconocido en otros casos el interés legítimo de las comunidades indígenas en materia de agua, lo que hace este punto especialmente relevante.
El exhorto del PRI también advierte sobre las repercusiones de la reforma para los sectores agrícola y ganadero del estado, al considerar que centraliza el control del agua en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Entre las preocupaciones expuestas se encuentran nuevas reglas sancionadoras que, según el legislador, podrían criminalizar a los productores, prohibiciones en la transferencia de concesiones, mayores cargas burocráticas y costos adicionales en medición e informes.
Medina Aguirre subrayó que estas medidas ponen en riesgo derechos adquiridos y el patrimonio de quienes han gestionado el recurso por generaciones. Por ello, hizo un llamado urgente a los municipios para emprender la vía constitucional prevista en el Artículo 105, a fin de defender la consulta previa y evitar que el control del agua quede, dijo, “al arbitrio discrecional de un gobierno que no escucha”.
