El Congreso del Estado de Chihuahua envió al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto con la que se propone reducir de tres meses a 30 días el plazo máximo para que las autoridades federales respondan a las solicitudes presentadas por la ciudadanía. La propuesta tiene como finalidad establecer tiempos más breves y definidos en los procedimientos administrativos, con el objetivo de evitar retrasos que afectan el ejercicio de derechos y la atención de trámites ante instancias federales.
La iniciativa contempla reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desde la Comisión de Justicia, la diputada Irlanda Márquez Nolasco explicó que estas modificaciones buscan agilizar los procesos administrativos y judiciales, así como garantizar que las resoluciones emitidas por las autoridades federales se den de manera oportuna, clara y eficaz, fortaleciendo el acceso efectivo a la justicia.
La propuesta surge ante los plazos excesivos que actualmente enfrentan las personas al solicitar una respuesta de las autoridades federales, especialmente en casos que requieren atención urgente o cuando existe riesgo para la integridad o la vida. En algunos supuestos, las dependencias pueden tardar hasta tres meses en responder, lo que ha normalizado la práctica del silencio administrativo y limita el derecho de la ciudadanía a recibir una respuesta fundada y motivada.
Este silencio administrativo suele interpretarse legalmente como una negativa ficta, lo que obliga a las personas solicitantes a iniciar procedimientos legales para impugnar la falta de respuesta. Ante este escenario, la reforma pretende fortalecer derechos humanos como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho a una buena administración pública, además de promover mayor certeza jurídica, transparencia y eficiencia en la actuación de las autoridades federales.
