El Congreso del Estado permitió que quedara sin consecuencias legales la compra de un sistema de recaudación de rentas adquirida durante la administración de Javier Corral, a pesar de que representó un gasto superior a los 32 millones de pesos y nunca fue puesto en operación.
La Auditoría Superior del Estado revisó el caso y documentó anomalías en la autorización de los pagos, pero el marco jurídico vigente en ese periodo frenó cualquier posibilidad de avanzar hacia responsabilidades penales, lo que dejó el asunto sin un cierre de fondo.
Las investigaciones identificaron una doble contratación del software que incrementó de manera significativa el costo del proyecto. En 2016 se realizó una primera adquisición por 15 millones de pesos y un año después se autorizó un segundo pago por 17 millones adicionales bajo el argumento de realizar ajustes y mejoras.
A pesar de que el personal encargado de las recaudaciones de rentas advirtió por escrito que el sistema no funcionaba, las erogaciones continuaron con la validación del área de Informática de la Secretaría de Hacienda, sin que existiera evidencia de resultados operativos.
La normativa anterior establecía que la Auditoría Superior del Estado no podía presentar denuncias penales sin una instrucción expresa del Congreso local, lo que limitó su actuación al ámbito administrativo.
Aunque el Poder Legislativo no dio por solventadas las observaciones derivadas de la revisión, tampoco ordenó iniciar acciones legales contra los responsables, lo que convirtió el caso en uno de los ejemplos más claros de falta de consecuencias por el manejo irregular de recursos públicos.
