Desde el Congreso del Estado, el grupo parlamentario del PAN demandó sanciones por el uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas por parte de dos funcionarias del municipio de Guadalupe y Calvo, hechos que quedaron bajo investigación federal.
La postura panista respalda que el caso haya sido atraído por la Fiscalía General de la República, aunque mantiene una postura crítica hacia la versión ofrecida por la administración municipal encabezada por Morena, al considerar que la gravedad de los hechos requiere un deslinde de responsabilidades sin excepciones.
A este señalamiento se sumó el reclamo por la falta de avances en la instalación del Subcentro Centinela en Guadalupe y Calvo, proyecto que permanece detenido por una omisión administrativa atribuida a la alcaldesa durante un periodo de ocho meses.
De acuerdo con la cronología presentada, el Gobierno del Estado entregó desde julio de 2025 las especificaciones técnicas y el contrato de comodato, mientras que la respuesta formal del Ayuntamiento sobre la inviabilidad del inmueble llegó hasta enero de 2026, lo que para el PAN refleja una falta de atención a un tema prioritario de seguridad en una región con alta incidencia de violencia.
La bancada panista también alertó sobre los efectos negativos de la partidización de la seguridad pública en la región serrana, en medio de conflictos internos entre actores de Morena que han impactado la operatividad institucional del municipio.
Bajo este contexto, se advirtió que la falta de coordinación y voluntad política del Ayuntamiento coloca a la población en una situación de vulnerabilidad, al tiempo que se insistió en la necesidad de una investigación a fondo sobre los disparos realizados con armas oficiales y en evitar cualquier intento encubrimiento desde el ámbito municipal.
