En el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa que busca garantizar que la información relacionada con los programas sociales sea comprensible para toda la población, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La propuesta plantea reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano con el objetivo de eliminar el uso de tecnicismos legales y administrativos que, en la práctica, dificultan el acceso a los apoyos gubernamentales y generan confusión entre las personas beneficiarias.
El proyecto legislativo contempla la adición de un artículo 6 Bis que establecería la obligación para las dependencias estatales de utilizar un lenguaje claro, sencillo y accesible en toda la información vinculada con requisitos, procedimientos, plazos, reglas de operación y beneficios de los programas sociales. El planteamiento parte del diagnóstico de que la complejidad del lenguaje institucional se ha convertido en una barrera burocrática que afecta de manera directa a quienes más necesitan los apoyos, al impedirles comprender con precisión cómo acceder a ellos.
La iniciativa también incorpora criterios para fortalecer la política de desarrollo social en el estado, como la claridad obligatoria en la comunicación, el uso de formatos accesibles y medios digitales que faciliten la consulta para personas con discapacidad o en condiciones de rezago, así como la armonización de esta ley con principios de buena administración pública y transparencia. La propuesta no implica la creación de nuevos derechos ni ajustes presupuestales, sino que apunta a reducir la discrecionalidad, prevenir errores en los procesos de inscripción y asegurar que los apoyos públicos lleguen de manera más efectiva a su destino
