La aplicación del nuevo decreto presidencial en materia de salud ha incrementado la carga operativa de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al asumir facultades para el aseguramiento de vapeadores y la canalización de casos ante la Fiscalía General de la República. A más de una semana de su entrada en vigor, la modificación legal ha generado confusión, ya que mantiene permitido el consumo de estos dispositivos, pero prohíbe su fabricación, comercialización y transporte, lo que ha derivado en controversias y mayores retos para la vigilancia sanitaria.
La autoridad estatal explicó que su intervención se concentra en el aseguramiento de los productos y en la integración de expedientes que posteriormente son turnados a la instancia federal, responsable de las investigaciones penales. Este esquema ha evidenciado dificultades adicionales, sobre todo ante los cambios en las formas de comercialización, donde las ventas ya no se concentran únicamente en establecimientos con domicilio fiscal, sino que migran a plataformas digitales con esquemas menos visibles.
