A través de una carta abierta dirigida al Gobierno de México, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos expresaron su inconformidad por la liberación del propietario del establecimiento, José Luis Arellano Cuarón, al considerar que el proceso legal se llevó de manera deficiente y dejó sin protección a las familias. El pronunciamiento fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, al secretario de Seguridad Omar García Harfuch y a la titular de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, a quienes solicitaron atraer el caso y garantizar justicia.
En el documento, los afectados describieron como una agresión a la dignidad humana el hallazgo de restos humanos en condiciones insalubres y sin el manejo adecuado, no puede quedar en el olvido. También acusaron a la Fiscalía de la Zona Norte (FGE), encabezada por Carlos Manuel Salas, de no integrar correctamente las investigaciones ni sustentar las acciones legales necesarias, lo que habría favorecido la impunidad y provocado una nueva afectación a las víctimas.
Entre sus principales exigencias se encuentran la renuncia del fiscal regional, la reapertura del caso con bases jurídicas firmes y la reparación integral del daño para las familias, incluyendo el acceso a la verdad. Además, pidieron establecer una supervisión nacional a funerarias y crematorios con licencias verificadas y protocolos estrictos, al subrayar que su demanda no es un favor, sino el cumplimiento de la obligación del Estado de salvaguardar la dignidad de las personas.
