Luego de que un juez federal otorgara un amparo que permitió la liberación del propietario del Crematorio Plenitud, José Luis A. C., la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que impugnará la resolución y presentará una queja formal ante órganos de control del Poder Judicial, al considerar que la determinación no valoró adecuadamente las pruebas del caso.
En rueda de prensa celebrada este sábado en Ciudad Juárez, el fiscal general, César Jáuregui Moreno, informó que el Juzgado Séptimo de Distrito concedió el amparo que dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado fue puesto en libertad en acatamiento a la resolución judicial.
El fiscal recordó que previamente, en el mismo juzgado, pero con distinto titular, se había negado un amparo al mismo acusado. En esa resolución anterior se reconocía la existencia de cientos de cuerpos que no habían sido manejados adecuadamente, algunos con meses e incluso años en el lugar, en condiciones insalubres y representando un riesgo sanitario.
De acuerdo con la Fiscalía, durante la investigación se acreditó que en el crematorio había 386 cadáveres sin tratamiento adecuado, además de que a diversas familias se les entregaron urnas con cenizas que no correspondían a sus seres queridos.
Sin embargo, en la nueva resolución, el juez centró el análisis en los llamados “verbos rectores” de los tipos penales imputados: “ocultar”, en el caso del delito previsto en el Código Penal local y “conservar”, en lo establecido por la Ley General de Salud.
El juzgador interpretó que no se configuraba el delito de ocultamiento, al considerar que ocultar implica “esconder”, según la definición de la Real Academia Española y, sostuvo que, aunque la conducta podía ser reprochable, inmoral o antiética, no necesariamente constituía un delito bajo esa interpretación.
Jáuregui Moreno criticó esta determinación al señalar que no se realizó una valoración integral de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, así como sostuvo que sí existían elementos suficientes para acreditar tanto la conservación ilícita de cadáveres como el engaño deliberado a familias, mediante la entrega de cenizas que no correspondían a sus difuntos.
Por ello, la Fiscalía Estatal interpondrá un recurso de revisión ante un tribunal colegiado del propio Poder Judicial Federal, con el propósito de que se revoque el amparo y se restituya el proceso en las condiciones previas a la liberación. Además, presentará una queja ante los órganos de control interno para que se revise la actuación del juez.
Ante los cuestionamientos de colectivos y familiares que han denunciado abandono institucional, Jáuregui Moreno aseguró que comprende el dolor de las familias y reiteró la disposición de la Fiscalía para agilizar los procesos forenses y mantener reuniones periódicas para informar sobre avances en la identificación de los cuerpos.
