En medio del debate por expresiones dirigidas contra la senadora Andrea Chávez, el Congreso local abrió una discusión sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a la violencia política en razón de género. El caso colocó nuevamente en la agenda estatal la necesidad de establecer mecanismos más estrictos para sancionar agresiones y discursos de odio en el ámbito institucional.
Óscar Avitia, diputado local de Morena, condenó el actuar de Luis Roberto Terrazas, subdirector de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, y exigió su destitución inmediata. Señaló que la función pública debe representar una garantía de respeto y protección para las mujeres, no un espacio donde se reproduzcan prácticas que busquen intimidar o desacreditar su participación política.
El legislador recordó que presentó una iniciativa conocida como Ley Andrea, la cual plantea que la autoridad electoral inicie investigaciones de forma inmediata ante posibles casos de violencia política de género, bajo criterios de confidencialidad y respeto a la decisión de la víctima.
