Luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional el arancel de 25 por ciento impuesto por el Ejecutivo Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua mantendrá comunicación con la Secretaría de Economía para conocer la postura oficial del país y evaluar los efectos en los corredores comerciales y en la franja fronteriza.
El secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, señaló que se requiere información precisa sobre las empresas que cubrieron ese impuesto, así como sobre los mecanismos de devolución o compensación fiscal que pudieran aplicarse, pues resulta necesario proteger la competitividad de las compañías chihuahuenses y evitar impactos en la cadena de suministro.
Al ser cuestionado sobre las afectaciones en la región, el funcionario destacó que más del 85 por ciento de las exportaciones que cruzan por la frontera Ciudad Juárez–El Paso no estuvo sujeto a aranceles porque opera bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, esquema que mantiene condiciones preferenciales de comercio y redujo el impacto directo de la medida.
Indicó que los sectores con mayor exposición fueron aquellos que no estaban amparados por el tratado o que realizaron operaciones fuera de los esquemas previstos, por ello se lleva a cabo un análisis detallado que permita dimensionar el alcance real de las afectaciones.Añadió que habrá coordinación con autoridades federales y representantes del sector privado para dar seguimiento a los procesos administrativos y legales correspondientes, de modo que las empresas puedan acceder a devoluciones o acreditamientos si así lo determinan las instancias competentes.
