El Congreso del Estado recibió una iniciativa que busca reforzar la protección jurídica y laboral de maestras, maestros y personal educativo ante denuncias falsas, campañas de desprestigio y actos de violencia institucional o digital relacionados con su labor profesional.
La bancada de Morena propuso reformar la Ley Estatal de Educación y el Código Penal del Estado de Chihuahua para garantizar la dignidad, seguridad jurídica y protección integral de las y los trabajadores de la educación. Dentro de la exposición de motivos, los legisladores señalaron que docentes y personal de apoyo han enfrentado en los últimos años una creciente vulnerabilidad derivada de acusaciones sin sustento, difamaciones mediáticas y señalamientos difundidos en entornos digitales.
La iniciativa advierte que la falta de protocolos adecuados para atender este tipo de casos puede generar afectaciones graves a la salud física y mental del personal educativo, incluyendo ansiedad, ataques de pánico y casos de suicidio registrados en la entidad. Por ello, la propuesta contempla establecer como obligación de madres, padres y tutores abstenerse de realizar actos de intimidación o difamación contra docentes, además de incrementar hasta en una tercera parte las penas por amenazas cuando la víctima sea una persona trabajadora de la educación.
