Durante la revisión de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó que el expresidente municipal de Rosales, con iniciales J.F.R.L., contrató a la empresa de sus hermanos por un monto de 4 millones 500 mil pesos para proveer gasolina a los vehículos oficiales durante su mandato en el Ayuntamiento, una situación que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el uso indebido de los recursos públicos.
La auditoría detalló que durante el proceso de contratación, el exalcalde presentó al Conjunto R-Licón ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para su aprobación como proveedor, y posteriormente firmó un contrato para la compra de combustibles, situación que generó un claro conflicto de intereses debido a los lazos familiares con la empresa contratada.
A pesar de haber sido inhabilitado en 2019 por un caso similar, el exmandatario volvió a infringir la normativa vigente con este nuevo contrato, lo que llevó a que la ASE remitiera el caso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), el cual determinó su responsabilidad y le impuso una inhabilitación por un año debido a la violación de las leyes y los vínculos familiares involucrados.
