Luego de la resolución que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, surgieron críticas por las posibles afectaciones a los derechos de los ciudadanos, particularmente en el acceso a sus recursos y la protección de sus bienes.
En este contexto, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, advirtió que esta medida genera un estado de indefensión, al cuestionar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y señalar que la justificación técnico-jurídica presentada no cuenta con un sustento suficiente.
El funcionario, calificó la medida como grave, al considerar que podría impedir a las personas disponer de su patrimonio, y sostuvo que el artículo 16 constitucional prohíbe que una autoridad intervenga bienes sin mandato judicial, por lo que esta práctica vulneraría la seguridad jurídica y la protección de la propiedad.
