Con la finalidad de esclarecer posibles omisiones por parte de autoridades responsables de supervisar servicios funerarios, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió una investigación relacionada con el caso del Crematorio Plenitud, donde fueron hallados más de 300 cuerpos en condiciones inadecuadas. El organismo busca determinar si servidores públicos incurrieron en faltas que hayan derivado en violaciones a los derechos humanos.
Alejandro Carrasco Talavera, presidente interino de la CEDH, explicó que si bien no se puede investigar directamente al dueño ni al encargado del crematorio por tratarse de particulares, si se revisan las acciones de funcionarios públicos vinculados al caso. Señaló que algunas personas implicadas tienen relación directa con autoridades sujetas a supervisión por parte del organismo.
Carrasco hizo énfasis en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas, incluyendo trabajadores en condiciones precarias, personas de escasos recursos o con bajo nivel educativo. Destacó que el proceso debe desarrollarse sin prejuicios, priorizando la legalidad y la dignidad humana.
