La atención al desplazamiento forzado registrado en la comunidad de Atascaderos requiere la participación conjunta de autoridades de distintos niveles de gobierno para garantizar una respuesta integral a las familias afectadas. Organismos defensores de derechos humanos señalaron que el fenómeno demanda acciones coordinadas que atiendan tanto las consecuencias inmediatas como las causas estructurales.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Alejandro Carrasco , expresó respaldo a las acciones implementadas por la gobernadora Maru Campos para atender a las familias desplazadas de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Indicó que el seguimiento a estos casos se realiza mediante un equipo interinstitucional en el que participan diversas dependencias, incluida la comisión estatal, con el objetivo de brindar atención integral y prevenir nuevas situaciones similares.
Carrasco Talavera explicó que la respuesta enfrenta retos debido a la coordinación necesaria entre autoridades municipales, estatales y federales, lo que complica una reacción inmediata. Señaló que la cooperación entre instituciones resulta indispensable para garantizar una atención eficaz y avanzar en soluciones de fondo frente al desplazamiento forzado en la región.
