Tras las modificaciones a la Constitución local aprobadas por el Congreso del Estado durante el reciente periodo extraordinario, particularmente el rechazo a la propuesta que buscaba impedir la participación de candidatos vinculados al crimen organizado, la gobernadora Maru Campos lanzó una serie de críticas contra la bancada de Morena, al señalar que forma parte de un régimen de la muerte y que mantiene cercanía con intereses relacionados con la delincuencia.
La iniciativa desechada planteaba incorporar a la Constitución de Chihuahua la nulidad de las elecciones cuando se acreditara la intervención del crimen organizado en el proceso electoral o cuando algún candidato mantuviera vínculos con grupos delictivos, disposición que aplicaría para cualquier cargo de elección popular, desde regidurías hasta la gubernatura, debido a que buscaba impedir la infiltración de intereses criminales en las instituciones públicas y fortalecer las garantías democráticas.
En declaraciones a medios de comunicación, la mandataria estatal afirmó que la decisión del Congreso permitirá que aspirantes a cargos de elección popular puedan competir sin que exista una disposición constitucional que sancione la participación de perfiles ligados a grupos delictivos o la intervención de organizaciones criminales en los procesos electorales, situación que, sostuvo, representa un riesgo para la democracia y para la seguridad de los chihuahuenses en la toma de decisiones públicas.
Campos Galván agregó que, aunque existen actores políticos que buscan proteger a la delincuencia, las corporaciones estatales mantienen una lucha permanente contra estos grupos, por lo que tanto la Secretaría de Seguridad Pública Estatal como la Fiscalía General del Estado continúan con acciones para preservar la paz en los municipios y evitar que organizaciones criminales influyan en las decisiones públicas o intenten apoderarse de las instituciones.
La propuesta no formó parte de la reforma electoral finalmente aprobada por el Congreso del Estado, debido a que no alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución local al obtener 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención, por lo que en contraste, sí prosperaron cambios como la eliminación de la reelección a partir de 2030, la modificación en la integración de los cabildos y la representación indígena en determinados municipios.
