La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo dos amparos promovidos por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, relacionados con la posibilidad de que una persona extraditada desde Estados Unidos pueda ser procesada en México por delitos distintos a aquellos por los que fue entregada. La decisión coloca nuevamente el caso del exmandatario ante el máximo tribunal del país y podría definir el alcance de las acusaciones que pueden presentarse en su contra.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si Duarte cuenta con derecho de audiencia y defensa antes de que se le imputen nuevos delitos, a partir de la llamada regla de especialidad contemplada en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos. El exgobernador fue extraditado en 2022 para enfrentar acusaciones por asociación delictuosa y peculado agravado por más de 96 millones de pesos, pero posteriormente las autoridades buscaron procesarlo por una causa penal distinta. El caso llegó a la Corte después de que una jueza federal concediera un amparo a Duarte, dejara sin efectos una audiencia inicial y una orden de aprehensión relacionada con esa nueva causa.
Las autoridades impugnaron la resolución y sostuvieron que la autorización estadounidense corresponde a un procedimiento diplomático y no requiere una nueva audiencia para el extraditado. Duarte permanece recluido en el penal del Altiplano y desde diciembre de 2025 enfrenta un proceso federal por presunto lavado de dinero.
