Luego del reciente operativo implementado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el que se demolieron una presa, cinco represas y un pozo de uso particular ubicados en el rancho “El Saucito” en el municipio de Balleza, propiedad del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, su abogado defensor, Juan Carlos Mendoza, expresó que la denuncia penal interpuesta por el Gobierno Federal sería jurídicamente inviable, ya que se opone a lo establecido en el Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos.
Según explicó Mendoza, al haber sido su cliente extraditado bajo cargos específicos, la legislación internacional impide que se le imputen nuevos delitos que no estuvieran contemplados en la solicitud inicial, por lo que cualquier hecho distinto, posterior o no vinculado a los cargos por los que fue detenido, no podría ser procesado legalmente, argumentando también que Duarte no ha estado presente en dicho rancho desde el año 2016, por lo que resulta imposible que se le atribuya responsabilidad directa sobre obras que datan de hace más de siete décadas.
Por su parte, el exmandatario estatal manifestó su inconformidad ante las acciones de los senadores morenistas Juan Carlos Loera y Javier Corral, a quienes acusó de ignorar completamente los procesos necesarios para la producción pecuaria y los requisitos técnicos para mantenerla, asegurando que la presa intervenida había sido construida por su familia desde el año 1911 y que, además de su uso para la ganadería, contribuía al suministro de agua para comunidades originarias de la región, lo cual agrava el impacto social de su destrucción.
Finalmente, recordó que los permisos para operar dichas estructuras hidráulicas fueron emitidos en 1942 a nombre de su padre, Crescencio Duarte Tarín, lo que incluso antecede a la firma del Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos, firmado en 1944, y por tanto según su argumento la existencia de estas construcciones no interferiría con los compromisos bilaterales de pago o distribución de agua, por lo que calificó de injustificadas tanto la intervención como las acusaciones que se han derivado de ella.
