El juez de control Apolinar Juárez resolvió vincular a proceso a José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, y a Facundo Trinidad M. R., empleado del mismo, tras confirmar su probable responsabilidad en los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los restos humanos, luego de que el Ministerio Público acreditara que durante más de tres años ocultaron 383 cuerpos en condiciones indignas, sin documentación ni refrigeración, lo cual representa un riesgo para la salud pública y una violación directa al artículo 202 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Durante la audiencia se mencionó que el hallazgo ocurrió tras una llamada al 911 que alertó sobre la presencia de cadáveres apilados, algunos dentro de una carroza abandonada sin llantas, y que al momento de la inspección, no se detectaron permisos especiales ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) ni la Fiscalía del Estado, como lo exige la Ley General de Salud, que establece que un cuerpo debe ser cremado en un lapso no mayor a 48 horas o bien solicitar una prórroga oficial.
A pesar de que la defensa alegó que se trataba de una falta administrativa, el juez determinó que existen pruebas suficientes de un trato indigno y de una operación irregular sostenida por años, por lo que autorizó al Ministerio Público un plazo de seis meses para ampliar la investigación, mientras los imputados continuarán bajo prisión preventiva hasta la próxima audiencia, programada para el 4 de enero de 2026.
En esa línea, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que ya se lograron identificar 27 cuerpos a través del trabajo conjunto entre los laboratorios forenses y los familiares, quienes han asistido a las reuniones convocadas tras el escándalo y detalló que en al menos dos casos se confirmó la entrega de urnas falsas, por lo que se intensificaron los trabajos para localizar al resto de las familias y ofrecer una respuesta digna y veraz sobre el paradero de sus seres queridos.Jáuregui Moreno también señaló que como parte de la investigación se detectó que el crematorio operaba como subcontratista para distintas funerarias de Ciudad Juárez, lo que facilitó la manipulación de cuerpos sin supervisión efectiva ni registros oficiales, situación que agrava la responsabilidad de los imputados y que abre nuevas líneas de investigación para fincar responsabilidades a quienes contrataron estos servicios y participaron de la cadena de omisiones.
