Aunque ciertos individuos de la oposición dentro del Poder Legislativo, Congreso de Chihuahua aprobó la Ley de Indulto del Estado y reformó el Código Penal, con el propósito de conceder al gobernador o gobernadora la facultad de otorgar este beneficio conforme a las disposiciones establecidas y que permita fortalecer una política de justicia humanitaria y de respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
La integrante de la Comisión de Justicia, Xóchitl Contreras Herrera, destacó que esta nueva ley responde a la necesidad de humanizar la política penitenciaria en Chihuahua, particularmente hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y en casos donde se busque proteger a niños menores de 14 años o con discapacidad, cuando su madre o padre sean las únicas personas cuidadoras; así como a personas con enfermedades graves o adultos mayores. La ley también establece que, para otorgar el indulto, deberá comprobarse el alto grado de reinserción social de la persona solicitante y la no existencia de riesgo para las víctimas o la comunidad. Además, se creará un Comité Técnico encabezado por la Secretaría General de Gobierno e integrado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica, quienes analizarán la viabilidad de cada solicitud antes de que el Ejecutivo tome una decisión.
