Durante la última reunión de la Comisión de Salud, la regidora Sandra García Ramos denunció fallas graves en el Servicio Médico Municipal, luego de que una trabajadora del Ayuntamiento, afectada por complicaciones renales y de vejiga, no recibiera la intervención que requería con urgencia, por lo que su familia terminó llevándola a un hospital privado para salvarle la vida.
La regidora explicó que la familia acudió varias veces en busca de apoyo sin obtener respuesta y que, incluso al plantear la urgencia, se les pidió esperar una cita programada para semanas después. A su juicio, la postura de la directora de Salud, Daphne Santana Fernández, evidenció desinterés institucional y un modelo médico que, más que resolver, retrasa y desatiende los casos más delicados dentro del Ayuntamiento.
Entre los regidores, la situación generó inconformidad, pues no solo cuestionaron la actuación de la funcionaria, sino también el desempeño de la empresa ADACA Medical, responsable del servicio subrogado. En medio de la discusión surgió un dato alarmante: siete de cada diez trabajadores municipales viven con enfermedades crónicas, lo que, para García, confirma un deterioro generalizado en la salud del personal y la ausencia de programas de prevención reales.
Por su parte, la directora Daphne Santana rechazó la acusación y aclaró que la paciente no fue enviada a esperar turno, ya que al momento de recibir el aviso ya se encontraba internada en un hospital particular. Comentó que, al ser notificada por la regidora, solicitó que la mujer fuera llevada al área de urgencias municipal, pues ese es el procedimiento para garantizar atención inmediata.
La funcionaria explicó que, cuando los familiares pidieron que el Ayuntamiento cubriera los gastos del hospital privado, les informó que no podía autorizar ese pago, porque el reglamento solo permite cubrir servicios si se siguen los pasos marcados en el protocolo. Señaló que comprende la preocupación de los allegados, aunque insistió en que debe respetarse el convenio firmado con la empresa subrogada y que su responsabilidad es cuidar el uso correcto de los recursos públicos.
El caso dejó al descubierto la tensión entre la parte administrativa y la necesidad médica. Mientras los regidores reclaman empatía y una revisión al contrato con la empresa, la dirección de Salud sostiene que los procesos no pueden modificarse a discreción. En medio de ambas posturas queda un sistema cuestionado, donde los trámites siguen pesando más que las urgencias y donde la salud del personal municipal continúa en riesgo.
