Tras una reunión entre la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) y líderes de la Asociación de Funerarias, se prevé la elaboración de un protocolo de supervisión para estos establecimientos y crematorios, ya que se busca evitar hechos como el registrado en el Crematorio Plenitud, donde una falla administrativa dejó 383 cuerpos sin cremar y derivó en la entrega de cenizas que no correspondían a los familiares.
En atención a este medio, el representante de la Oficina de la Gubernatura Zona Norte, Carlos Ortiz Villegas, señaló que los encuentros con este gremio han permitido mantener una regulación constante, además de fortalecer los procesos de verificación, asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias y brindar mayor certeza a las familias sobre el manejo digno de los servicios funerarios.
Esta serie de ajustes también contempla una reforma a la Ley Estatal de Salud que establecerá parámetros claros y sanciones para quienes incurran en prácticas irregulares, por lo que en las próximas semanas se realizarán reuniones con las distintas fuerzas políticas del Congreso del Estado para construir acuerdos, precisar el alcance de la iniciativa y avanzar hacia su aprobación.
A través de reuniones entre la administración estatal, la Fiscalía General del Estado y de la República, el Servicio Médico Forense y colectivos de familiares, se atienden quejas y solicitudes relacionadas con la identificación de personas fallecidas en el caso del Crematorio Plenitud, lo que permitirá agilizar los procesos y disminuir riesgos que impacten en el bienestar emocional de las familias y en los costos de los servicios funerarios.
Entre los planteamientos que surgieron en estos encuentros destaca la propuesta de ampliar el plazo para la cremación o inhumación, debido a que los hospitales pueden tardar hasta 12 horas en entregar los cuerpos, lo que provoca retrasos frente a los tiempos establecidos en la normativa y complica la programación de los servicios funerarios.
