La discusión sobre la inmunidad procesal de servidores públicos volvió al centro del debate tras recientes movimientos en gobiernos locales y señalamientos internacionales por presuntos delitos graves. Autoridades de Estados Unidos solicitaron la detención y extradición de funcionarios vinculados con acusaciones de narcotráfico y posesión de armas, lo que detonó también el inicio de indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República en México, en un contexto donde algunos de estos actores políticos han decidido separarse de sus cargos.
El Coordinador de Política y Gobierno de la república, Arturo Zaldívar explicó que, al solicitar licencia, Rubén Rocha pierde la inmunidad procesal, lo que permite que pueda ser detenido y enfrentar procesos legales como cualquier ciudadano. El exministro aclaró que esta figura jurídica, comúnmente conocida como fuero, protege únicamente el ejercicio del cargo y no a la persona, por lo que al dejar la función pública deja de existir dicha protección.
Asimismo, señaló que este criterio está respaldado por el artículo 111 constitucional y por precedentes del Poder Judicial, los cuales establecen que no es necesario un proceso de desafuero cuando el funcionario ya no se encuentra en funciones. En este escenario, también se incluye el caso de Juan de Dios Gámez, quien al igual que Rocha solicitó licencia, mientras autoridades interinas asumieron los cargos correspondientes en sus respectivas administraciones.
