Las autoridades estatales intensificaron durante los primeros meses del año las acciones legales contra personas que incumplen con el pago de pensiones alimentarias, en medio de una estrategia enfocada en proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Fiscalía reportó avances en órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso y recuperación de recursos económicos destinados a menores afectados.
La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Concepción Márquez, informó que entre enero y abril se solicitaron 38 órdenes de aprehensión por incumplimiento de obligaciones alimentarias, de las cuales 30 ya fueron ejecutadas. También detalló que la unidad realizó cinco cateos y logró vincular a proceso 22 carpetas relacionadas con este delito, mientras que nueve casos concluyeron con sentencias condenatorias.
Márquez agregó que uno de los principales resultados ha sido la recuperación de un millón 750 mil pesos por concepto de reparación del daño, recursos que serán destinados directamente a menores afectados. La funcionaria señaló que el incumplimiento de pensiones alimentarias vulnera el desarrollo y bienestar de niñas, niños y adolescentes, por lo que la Fiscalía mantiene estrategias para agilizar investigaciones y fortalecer la atención institucional en estos casos.
