En medio de la presión política y diplomática generada por señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, Morena presentó una propuesta de reforma electoral que busca crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). La iniciativa forma parte del nuevo paquete de cambios impulsados por el oficialismo rumbo al proceso electoral de 2027 y surge tras el debate nacional sobre narco candidaturas y transparencia en las postulaciones.
La propuesta, presentada por Luisa María Alcalde, plantea que la comisión esté integrada por cinco consejeros electorales y funcione como un mecanismo de revisión confidencial de perfiles. A través de este esquema, los partidos políticos podrían entregar las listas de aspirantes para que instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia, la fiscalía general de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinen si existe un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
La iniciativa contempla que quienes aspiren a una candidatura autoricen voluntariamente la revisión de su información, mientras que la decisión final de registrar o descartar perfiles permanecería en manos de los partidos políticos. Sin embargo, la propuesta provocó críticas de sectores opositores y analistas, quienes consideran que el mecanismo podría convertirse en una herramienta de control político sobre las candidaturas y el arbitraje electoral rumbo a 2027.
