Debido a la reciente confirmación de la asistencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a comparecer ante la Fiscalía General de la República, el Gobierno del Estado Zona Norte aseguró que el uso de instituciones públicas en este caso forma parte de una persecución política y de una estrategia enfocada en desacreditar a administraciones emanadas del Partido Acción Nacional.
Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, el representante de la Oficina de la Gubernatura Zona Norte, Carlos Ortiz Villegas, afirmó que resulta contradictorio citar a comparecer a una mandataria estatal por combatir redes delictivas y el tráfico de drogas, mientras que, según señaló, existen gobernadores y funcionarios de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado que continúan sin consecuencias legales.
Ortiz Villegas explicó que, frente a la presión mediática, social y política generada tras el citatorio contra Campos Galván, la Fiscalía General de la República también optó por llamar a comparecer al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debido a los señalamientos relacionados con el grupo criminal que opera en aquella entidad.
Respecto a la presencia de la mandataria estatal en esta frontera tras su comparecencia programada para este miércoles, Ortiz indicó que será durante los próximos días cuando se defina una agenda pública o privada para dar seguimiento a proyectos prioritarios, programas sociales y posibles ajustes dentro del gabinete estatal en la Zona Norte, pues hasta el momento no se han reportado modificaciones en sus actividades oficiales.
Debido a que en redes sociales comenzaron a circular convocatorias para manifestar respaldo a Maru Campos, el funcionario aseguró que estas movilizaciones surgieron desde distintos sectores ciudadanos, por lo que descartó que el Gobierno del Estado se encuentre organizando o coordinando dichas expresiones públicas de apoyo hacia la mandataria chihuahuense.
