La citación emitida por la fiscalía general de la República contra la gobernadora Maru Campos ha desatado un debate jurídico y político sobre los alcances legales de este procedimiento, luego de que especialistas señalaran que la mandataria estatal cuenta con mecanismos constitucionales que le permiten rendir declaración sin acudir personalmente ante autoridades federales.
El abogado penalista Héctor Villasana consideró que el caso ha tomado un rumbo más político que técnico, al señalar que las declaraciones realizadas desde espacios oficiales y las movilizaciones impulsadas por Morena han generado presión mediática alrededor de la investigación relacionada con el operativo en Morelos, donde fue desmantelado un narco laboratorio. También advirtió que este contexto podría afectar el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
El especialista explicó que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución de Chihuahua, la titular del Ejecutivo estatal puede colaborar mediante un informe escrito o videoconferencia, sin obligación de presentarse físicamente ante la FGR. Añadió que la gobernadora incluso tendría la posibilidad de promover un juicio de amparo si considera que existen expresiones o acciones que vulneren sus derechos durante el desarrollo de la investigación.
