La Secretaría de la Función Pública de Chihuahua dio a conocer que en los próximos meses quedará lista la serie de sanciones administrativas relacionadas con las irregularidades detectadas en el caso del Crematorio Plenitud, donde fueron localizados 386 cuerpos sin cremar y presuntamente se entregaban cenizas falsas a familiares, situación que provocó indignación social y un impacto internacional por las condiciones en las que operaba el establecimiento.
En atención a medios, el secretario de la Función Pública, Roberto Fierro Duarte, explicó que una vez concluida la investigación interna se presentarán los resultados de las sanciones administrativas, las cuales estarían dirigidas principalmente a las omisiones detectadas dentro de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependencia responsable de realizar verificaciones sanitarias y autorizar permisos de operación a este tipo de establecimientos.
Al ser cuestionado sobre otras dependencias señaladas como la Secretaría de Salud, la Fiscalía de Distrito Zona Norte o la propia Oficina de la Gubernatura, el funcionario indicó que, debido a la gravedad del caso y a que la carpeta de investigación permanece en integración, actualmente no es posible revelar detalles sobre posibles funcionarios involucrados o procedimientos específicos, debido a que cualquier información adelantada podría afectar el desarrollo de las investigaciones administrativas y judiciales.
Recientemente, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos rompió relaciones con el Gobierno del Estado tras denunciar malos tratos durante las mesas de seguimiento, la falta de una sentencia judicial contra el propietario del crematorio y los retrasos en la identificación de cuerpos, además de exigir modificaciones a la Ley Estatal de Salud y a los protocolos de actuación de la COESPRIS para impedir que una situación similar vuelva a repetirse.
Fierro Duarte agregó que la legislación encargada de regular los crematorios presenta vacíos y criterios poco estrictos, situación que obliga a revisar los mecanismos de supervisión, inspección y autorización de operación de estos establecimientos, pues consideró necesario fortalecer la normativa estatal y endurecer las revisiones para evitar nuevos casos relacionados con irregularidades funerarias en Chihuahua.
