En medio del proceso abierto por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora Maru Campos, el Gobierno del Estado respondió de manera simultánea tanto en Ciudad de México como en Ciudad Juárez al citatorio emitido por autoridades federales. La estrategia jurídica buscó atender formalmente el requerimiento mientras se impugnaba la legalidad del procedimiento.
El consejero jurídico del Estado, José Carlos Rivera, acudió a las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez para presentar un escrito relacionado con el citatorio entregado a la mandataria estatal el pasado 23 de mayo. De manera paralela, el equipo legal de Maru Campos presentó el mismo recurso en la sede de la FGR en la Ciudad de México, argumentando que la gobernadora cuenta con fuero constitucional y que el procedimiento federal presenta inconsistencias jurídicas y falta de motivación suficiente.
La defensa de la mandataria sostuvo que la intención de la Fiscalía busca incorporarla a una investigación bajo la figura de testigo, aunque advirtieron que el procedimiento podría derivar en otro tipo de implicaciones legales. También señalaron que cualquier diligencia contra una gobernadora en funciones debe realizarse mediante los mecanismos previstos por la ley, como cuestionarios oficiales o procedimientos ante el Congreso de la Unión.
