En medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de los señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, surgieron nuevas exigencias para que el Gobierno Federal actúe contra funcionarios señalados, al advertir que la relación comercial con Estados Unidos y millones de empleos podrían verse afectados. También se cuestionó la postura de la Federación frente a las investigaciones y la falta de claridad sobre algunos casos relacionados con Morena.
La diputada federal del PAN, Manque Granados, exigió que la Federación entregue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, así como a otros políticos de Morena presuntamente vinculados con el crimen organizado. Señaló que protegerlos favorece la impunidad y pone en riesgo la revisión del T-MEC, situación que podría impactar la estabilidad económica del país y miles de empleos en Chihuahua. “Traición a la patria es usar la soberanía y el orgullo nacional como escudo para proteger a criminales”, expresó.
La legisladora respaldó las declaraciones de la gobernadora Maru Campos y sostuvo que Chihuahua ha tenido que enfrentar vacíos en materia de seguridad. También cuestionó la permanencia de Rocha Moya y pidió esclarecer los casos de otros funcionarios señalados. Manque Granados advirtió que la administración federal no parece dimensionar la importancia de mantener una relación sólida con Estados Unidos, principal socio comercial de México, y llamó a actuar con responsabilidad ante los señalamientos contra actores políticos.
