El Gobierno del Estado informó que mantiene una estrategia integral para atender a las familias que han sido víctimas de desplazamiento forzado en Chihuahua, principalmente en la Sierra Tarahumara, donde la violencia derivada de disputas territoriales ha provocado el abandono de comunidades indígenas y rurales. Las acciones contemplan apoyo humanitario, acompañamiento legal y programas de integración para las personas afectadas.
El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, señaló que, por instrucción de la gobernadora Maru Campos, desde 2022 opera una Comisión de Desplazamiento Forzado Interno encargada de coordinar la atención a las comunidades afectadas. Explicó que la estrategia se divide en cuatro etapas: atención inmediata con albergue, alimentación y asistencia médica; acompañamiento psicosocial y jurídico; protección de la identidad mediante programas de integración social y laboral; y seguimiento permanente para garantizar el respeto a los derechos humanos y las condiciones para un retorno seguro.
Rascón Carrillo reconoció que, aunque el combate al crimen organizado corresponde al Gobierno Federal, la administración estatal ha destinado recursos para contener la crisis social. No obstante, advirtió que los esfuerzos locales son insuficientes ante la magnitud del problema y llamó a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para recuperar la tranquilidad y garantizar la protección de las familias desplazadas. PABLO1
