A unos días de que se presente un paquete de reformas en materia anticorrupción, Transparencia Mexicana dio a conocer un informe sobre las sanciones derivadas de investigaciones realizadas por los órganos de fiscalización superior del país. El estudio señala que solo el 7.1 por ciento de los casos investigados terminó en algún tipo de sanción por parte de los tribunales de Justicia Administrativa.
En los resultados nacionales, Chihuahua destacó por la eficacia de su Auditoría Superior del Estado (ASE), que acumuló 69 sanciones y se ubicó en el segundo lugar del país, únicamente por debajo de Nayarit, con 97. Zacatecas ocupó el tercer sitio, con 63 sanciones. El análisis contempla los resultados registrados desde 2015, cuando los órganos de fiscalización adquirieron facultades para investigar faltas graves de corrupción administrativa.
Transparencia Mexicana explicó que los resultados serán entregados al Congreso de la Unión como parte del análisis de las posibles reformas a la Ley de Fiscalización Superior. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización, señaló que resulta necesario fortalecer las herramientas para que las investigaciones por corrupción lleguen a sanciones y no terminen en impunidad.La organización consideró relevante revisar figuras como el fuero para facilitar las investigaciones por corrupción gubernamental, aunque advirtió que su eliminación debe acompañarse de medidas adicionales que permitan incrementar las posibilidades de sanción. El informe busca aportar elementos para que los poderes Ejecutivo y Legislativo evalúen el funcionamiento del marco legal vigente y determinen posibles modificaciones
