A diferencia de presidentes municipales, diputados o senadores, los jueces no representan a una población ni a un sector social. No son portavoces del pueblo ni defensores de intereses particulares. Su función no es política, sino jurídica y técnica. En teoría, su deber es aplicar la ley de la forma más imparcial posible, incluso si eso va en contra de lo que quiere la mayoría o del clima político del momento.
Por eso, pensar que su elección por voto directo equivale a democratizar la justicia es un error de origen. Una cosa es que el poder judicial sea más abierto y sujeto al escrutinio público, y otra muy distinta es que los jueces deban actuar como representantes electorales.
Lo que sí se ha propuesto desde hace varias décadas —por universidades, organizaciones civiles e incluso desde dentro del propio poder judicial— es una reforma profunda, pero no electoralista, basada en abrir el sistema judicial sin someterlo a la lógica de campaña. Estas propuestas incluyen:
-Derecho a impugnar o cuestionar públicamente candidaturas (por nepotismo, corrupción o falta de capacidad).
-Informes periódicos del desempeño judicial, medido por calidad, no solo cantidad.
-Participación de la sociedad civil en comités de evaluación.
-Transparencia en los procesos de nombramiento, ascenso y sanción.
-Audiencias públicas con transmisiones en vivo y archivos abiertos.
-Consultas públicas y audiencias ciudadanas para designar cargos judiciales.
-Observatorios ciudadanos que sigan sentencias y decisiones clave.
-Mecanismos comunitarios de monitoreo judicial.
-Derecho a réplica frente a resoluciones que afecten a colectivos vulnerables.
-Publicación completa de sentencias, con lenguaje accesible.
Estas propuestas sí apuntan al corazón del problema: la corrupción, la impunidad y la opacidad judicial. No son soluciones fáciles ni espectaculares, pero van en serio. En cambio, apostar todo a la votación popular puede ser una salida cómoda, simbólica y superficial que deje las cosas tal como están, solo que ahora con una capa de legitimidad electoral.
Democratizar la justicia no es hacerla popular; es hacerla transparente, accesible y responsable, con rendición de cuentas, participación ciudadana e igualdad ante la ley.
LAS COSAS COMO SON
Dr. Carlos Sedano Saldaña
