El Congreso del Estado rechazó la iniciativa que planteaba endurecer la protección de la privacidad frente a nuevas prácticas tecnológicas, al desechar la reforma al Código Penal propuesta por la diputada Brenda Ríos Prieto. La decisión frenó un ajuste legal que buscaba responder a conductas que, aunque no siempre terminan en difusión, generan afectaciones directas a la intimidad de las personas.
La propuesta pretendía ampliar el alcance de la legislación vigente al castigar la simple captación de imágenes o videos íntimos en espacios privados como baños o vestidores, incluso cuando el material no fuera compartido. El planteamiento partía de que la Ley Olimpia se concentra en la difusión, pero deja sin sanción la obtención del contenido, una conducta que ya implica una invasión grave a la vida privada.
